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La vacunación, luego de la potabilización del agua, es el hito sanitario que más vidas ha salvado en el mundo a lo largo de la historia de la humanidad. Las vacunas son altamente efectivas en lograr prevenir algunas de las enfermedades infectocontagiosas más peligrosas que amenazan a los seres humanos. En este sentido, los programas de vacunación sistemática han permitido disminuir la mortalidad y secuelas producidas por muchas enfermedades inmunoprevenibles que hasta hace menos de 100 años eran un flagelo para la sociedad. Debido a la vacunación, la región de las Américas ha sido la primera en el mundo en eliminar la viruela, la poliomielitis, el sarampión, la rubéola y el síndrome de rubéola congénita. Al respecto, nuestro país ha sido un pionero al instituir la vacunación obligatoria y gratuita como bien social colectivo mediante la Ley nacional 22.909, vigente desde el año 1983. Actualmente, nuestro país posee uno de los calendarios nacionales de vacunación más completos del mundo, garantizando la equidad de los individuos en el acceso a la prevención de enfermedades.
Las vacunas son medicamentos y, como tales, cumplen la exigencia de ser eficaces y, además, seguras. Es decir, que el beneficio de su utilización es mayor que el riesgo. El caso de las vacunas es excepcional: además de ser efectivas, son extremadamente seguras. Si bien es posible que en algunas personas generen algún efecto adverso, éstos son poco frecuentes y leves: la mayoría de ellos no son más que molestias menores.
En vista del proyecto de ley presentado por la diputada nacional Paula Urroz, recientemente trascendido, desde la Sociedad Argentina de Inmunología (SAI), la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y Fundación Huésped vemos con mucha preocupación que nuestros representantes del Poder Legislativo propongan medidas tendientes a modificar la ley vigente. Consideramos que esto indudablemente significará un retroceso en política sanitaria, con serias consecuencias potenciales para la salud de nuestra población y las futuras generaciones. El sólo hecho de que un niño pueda quedar desprotegido por falta de vacunación representa un peligro social, ya que no sólo él queda vulnerable sino que también pone en riesgo a sus semejantes al no contribuir a la inmunidad general de la población o “inmunidad de rebaño”.
En este sentido, y en base a la extensa evidencia científica acumulada en favor de la vacunación, rechazamos el proyecto de ley presentado.
Por otro lado, como profesionales de la salud y científicos, nos ponemos a disposición de nuestros representantes para aportar toda nuestra experiencia y conocimientos para tratar cualquier otro proyecto futuro con implicancias en salud pública, para así lograr decisiones basadas en un cúmulo de sólida evidencia científica, clínica y epidemiológica lograda a través de décadas de investigación.
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