Las sociedades científicas y las organizaciones no gubernamentales firmantes declaramos:

1. Expresar profunda preocupación por la pérdida de rango ministerial de la cartera sanitaria ya que evidencia que la salud pública no se encuentra entre las prioridades del Poder Ejecutivo. Esta decisión impactará en forma directa en el rol rector que debe ejercerse desde el Estado Nacional en pos de consensuar y articular políticas públicas con las jurisdicciones y pondrá en riesgo los mecanismos y tiempos de provisión de insumos estratégicos en forma oportuna y cantidades suficientes.
2. La Salud es un Derecho Constitucional que nos iguala y el Estado es responsable de garantizarlo, por lo que es ineludible que se encuentre en la máxima prioridad como una política de estado contando con una jerarquía institucional acorde a su relevancia.
3. Advertimos que esta situación impactará en mayor medida en la población más vulnerable desde el punto de vista social y económico, dependiente por completo de un estado presente y eficiente que cumpla con su responsabilidad.
4. Esta decisión puede tener impacto negativo en políticas tales como vacunación, programas de enfermedades prevalentes (crónicas, infecciosas, otras), de salud mental, disminución de investigaciones epidemiológicas, confección de guías de asistencia, acreditación de residencias, generación de marcos normativos para especialidades, entre otras.
5. Somos integrantes del equipo de salud de nuestro país, nos genera un gran orgullo por los logros alcanzados y renovamos el compromiso para alcanzar los desafíos pendientes. Por estos motivos no acompañamos este tipo de decisiones que no pueden justificarse desde ningún aspecto.
6. Instamos al Gobierno Nacional a reconsiderar esta medida entendida como un retroceso institucional inadmisible para nuestro país.
7. Convocamos las sociedades científicas, organizaciones no gubernamentales, a los integrantes de equipo de salud, los medios de comunicación y a la sociedad toda, a defender al Sistema de Salud Público como garante del acceso equitativo y federal a la atención de calidad para toda la población.